Defensa putativa como error de prohibición en el derecho penal colombiano

Dentro del presente documento se plantea la teoría jurídica de la defensa putativa como error de prohibición, estudiando la legítima defensa y sus causales de justificación, haciendo un énfasis en la defensa putativa objeto principal de la investigación. En ese sentido, se descompuso la estructura de la figura para poder entenderla y plantear si podemos percibir desde la teoría de la antijurídica, y poder evaluarla como error de prohibición, para esto estudiamos que es para el derecho colombiano el error de prohibición, definiendo este tipo de error y explicando sus diferencias con los otros tipos de error del derecho penal, tomando la construcción dogmática las escuelas del derecho penal. Concluyendo que cuando se habla de defensa putativa puede ser entendida como un error de prohibición tanto vencible como invencible cuando el autor de la conducta, entiende que la acción no se encuentra tipificada como un delito y/o entiende que al desplegar su conducta o está permitida en derecho o se encuentra justificada dentro de las causales de justificación. Determinado que, si el error es vencible, existe una disminución en la pena catalogando la conducta de dolo a culpa y si el error es invencible no tendrá consecuencias punibles.Universidad Libre - Facultad de Derecho - Especialización en Derecho Penal y CriminologíaThis article presents the legal theory of the putative defense as a prohibition error, studying the self-defense and its grounds for justification, within these grounds specifically the putative defense main object of the research, in that sense, the figure was decomposed from its structure to be able to understand it and raise whether we can perceive from the theory of unlawfulness, and to be able to evaluate it as a prohibition error, studying in that sense, what is for the Colombian law the prohibition error, defining this type of error and looking for its differences and similarities with the of type, from the point of view of the positivist schools of law. Concluding that the putative defense can be a prohibition error when the author of the conduct, understands that the action is not typified as a crime and/or understands that by deploying his conduct or is permitted in law or is justified within the grounds for justification

La objeción de conciencia por parte de los abogados frente a las actuaciones en que se requiere representación judicial por designación como abogado de oficio

Con el presente trabajo se pretende justificar jurídicamente la viabilidad de la objeción de conciencia en las actuaciones en que se asume representación judicial como abogado de oficio, lo anterior sin afectar garantías o derechos fundamentales de terceros, reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional, tendiente a gozar de una defensa técnica en las actuaciones judiciales, buscando con ello enmarcar esta institución jurídica en el marco del ordenamiento jurídico, como un valor de rango constitucional, reconocido por la normatividad internacional y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, frente al cual igualmente se requieren requisitos para su cabal ejercicio, evitando así circunstancias que generen un abuso del derech

Artículo de reflexión crítica : el debido proceso y el precedente judicial en el procedimiento administrativo de conformidad con la Ley 1437 de 2011

El presente escrito es un artículo de reflexión crítica, en el que se analiza el procedimiento de extensión de jurisprudencia por parte de las autoridades administrativas, figura innovadora de la Ley 1437 de 2011. Para esto se plantea como problemática la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso de los particulares, en el entendido de que esta nueva institución implica que dichas autoridades ejerzan funciones judiciales, sin tener las mismas calidades que tienen en la administración de justicia

El terrorismo como elemento generador de la mutación de la figura de la agresión. Efectos evolutivos o involutivos en el derecho internacional

El derecho internacional mantiene una relación inescindible con el conflicto; siendo el primero la tesis, el segundo la antítesis, y la síntesis el ejercicio dialéctico que caracteriza las relaciones entre las naciones del mundo que buscan ser regladas y positivizadas. La aparición y el posterior reconocimiento del terrorismo como un fenómeno que atenta gravemente contra la paz y la seguridad internacional alertaron a la sociedad internacional que, ante la magnitud de sus efectos, emprendió una lucha frontal contra este flagelo en distintos escenarios. Los hechos del 11 de septiembre de 2001 indudablemente dieron nueva dimensión al papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en lo relativo a la agresión y al empleo de la fuerza en el supuesto de la legítima defensa. En este contexto se presenta la discusión sobre los efectos de dicha modificación, ya sea en la vía evolutiva de un derecho internacional esencialmente dinámico o en una involución del mismo en la medida en que este órgano entendió que los actos terroristas provenientes de un sujeto activo indeterminado constituyen actos de agresión, sin importar que éste sea un actor no estatal

Jurisdiccionalidad de la justicia penal militar y de sus sentencias

La jurisdiccionalidad de la Justicia Penal Militar, se ha visto cuestionada por los reiterados pronunciamientos que han efectuado tribunales internacionales como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, situación esta que ha resquebrajado la confianza en esta jurisdicción de talle Constitucional, generando con ello que se efectué una errada interpretación sobre la jurisdiccionalidad de las sentencias que esta emite, y se consideren estas providencias actos administrativos por la dependencia de esta jurisdicción a la rama ejecutiva del poder público en ColombiaThe jurisdiction of the Military Criminal Justice, has been challenged by repeated pronouncements that have made international tribunals such as the Inter-American Court of Human Rights, a situation that has shattered the confidence in the jurisdiction of the Constitutional size, thereby generating that  made a wrong interpretation of the courts of the judgments that it transmits, and these orders are considered administrative acts by the agency of this state to the executive branch of public power in Colombi

Análisis jurisprudencial sobre el fuero militar respecto a los casos de homicidio donde están involucrados miembros de la fuerza pública

Cuando el autor del delito penal es miembro activo de la fuerza pública a la cual se integra de forma exclusiva con el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, estos se encuentran amparados por un fuero penal militar, siempre y cuando este hecho punible se desprenda de un acto propio del servicio o con relacional mismo. Que el hecho punible tenga relación con el servicio, principio desarrollado en el Código Penal Militar por el cual se establece el ámbito de aplicación de la ley penal militar, en estas normas encontramos que los miembros de las fuerzas públicas pueden involucrarse en la comisión de delitos de naturaleza militares y/o comunes relacionados con el servicio, tales como el homicidio tema central del presente análisi

El uso de la fuerza en el marco de los DDHH, un nuevo reto para las fuerzas militares en Colombia

Las FFMM, en cumplimiento de su misión constitucional tiene el deber de desarrollar operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, para contribuir a generar un ambiente de paz y seguridad que coadyuve al progreso de la Nación. En este contexto, y ante las reales y potenciales amenazas internas y externas, las FFMM, está facultado para hacer uso legítimo de la fuerza incluso la letal, en procura de defender los intereses supremos de la patria. Pero, estarán preparadas las FFMM para enfrentar futuras eventualidades, ya no en el marco el DIH, sino en el marco de los derechos humanos, en done el uso de la fuerza letal es la última opción? Los nuevos retos exigidos a las FFMM, máxime cuando ya se empiezan a implementar mecanismos de justicia transicional como la ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448, 2011), plantean la necesidad de hacer un viraje estratégico, cuyo objetivo sea reducir las amenazas a la paz y el orden. De allí es imperativo el planteamiento de parámetros enfocados en el cumplimiento de la misión bajo la perspectiva de los Derechos Humanos, lo cual implica como estrategia, el trabajo coordinado con otras autoridades civiles, judiciales y administrativas.The role of the military forces supported by the Constitution, and The Armed Forces, pursuant to its constitutional mission has the duty to develop military operations aimed at defending the sovereignty, independence, territorial integrity and constitutional order to contribute to a climate of peace and security that contributes to the progress of the Nation In this context, given the actual and potential internal and external threats, the Armed Forces, is empowered to make legitimate use of force even lethal, in an attempt to defend the supreme interests of the country. But the Armed Forces will be prepared to deal with future contingencies, and not under DIH, but in the context of human rights, donate the use of deadly force is the last option. The new challenges required of the Armed Forces, especially when they begin to implement transitional justice mechanisms as the law of victims and land restitution, suggest the need for a strategic shift, which aim to reduce threats to peace and order. Hence it is imperative to approach operational guidelines focused on the fulfillment of the mission from the perspective of human rights, which implies a strategy, coordinated work with other civil authorities, judicial and administrative

Justicia por mano propia y legitimación del Estado colombiano como ente sancionador

La presente publicación surgió como consecuencia de los reiterados reportes sobre actos violentos denominados comúnmente como justicia por mano propia, los cuales llevaron a las investigadoras a plantear la siguiente problemática: ¿qué factores inciden en el ciudadano para deslegitimar al Estado como ente sancionador, dando lugar al uso de la justicia por mano propia intentando resarcir un daño, independien-temente del sistema jurídico estatal? Se acogió la Teoría de la Justicia propuesta por John Rawls como soporte teórico, pues se considera idónea para desarrollar el principio de la Justicia como fin del Estado Social de Derecho, a partir de un sistema amplio de libertades básicas para todos, que ofrece a los asociados igualdad de oportunidades, previendo el principio de diferencia y las desigualdades socioeconó-micas, además de resaltar la prioridad de la libertad y de la justicia sobre la eficiencia de la norma. Inicialmente se planteó la hipótesis de que los factores que incidían en la sociedad colombiana para deslegitimar al Estado como ente sancionador eran: i) la ineficacia del sistema legal, ii) el dif ícil acceso a la administración de justicia, iii) el desconocimiento de los derechos por parte del ciudadano. Estas deficiencias se traducen en la vida cotidiana del ciudadano, como, por ejemplo, en las dificultades que el sistema jurídico le presenta a la persona cuando se dispone a denunciar un hecho del cual fue víctima; circunstancia que, analizada desde una perspectiva sociológica, ocasiona un alto índice de omisión de denunciasLa investigación se estructuró en los principios rectores de la teoría de la justicia de Rawls, además de soportarse metodológicamente en la teoría funcionalista de Jakobs y la teoría de los sistemas de Luhmann, quienes integran las categorías del sistema a partir de los fines del Derecho. A su vez, se aborda el análisis de la Constitución Política de Colombia, el Código Penal (Ley 599 de 2000), Jurisprudencia de las Altas Cortes, junto con la doctrina que trata el problema socio-jurídico central. Asimismo, se hace uso de muestras representativas porcen-tuales, que permiten deducir de manera aproximada la frecuencia de la conducta, los índices de denuncia e impunidad, la aceptación de esta y la percepción social generalizada de desconfianza frente a las instituciones y autoridades encargadas de administrar justicia. Los integrantes de la sociedad colombiana que ejercen, apoyan y legi-timan los actos de justicia por mano propia durante el lapso 2011 y 2017 hacen parte del corpus de investigación. Estos se identifican gracias a los datos suministrados por entidades gubernamentales y no guberna-mentales especializadas en recolección de información, que cuentan con alta credibilidad en el escenario mundial a través de cuestionarios, entrevistas y encuestas que miden los ítems relacionados.En la actualidad los asociados están cuestionando la legitimidad otorgada por el contrato social al Estado para sancionar los compor-tamientos que transgreden el bienestar general. Este cuestionamiento se ve reflejado en los actos de justicia por mano propia en los cuales la sociedad asume el papel juzgador, justificando su actuar en la opinión generalizada de ineficacia e ineficiencia estatal. Tal opinión está basada en el incumplimiento por parte del Estado de la función delegada en el contrato social

Justicia por mano propia y legitimación del Estado colombiano como ente sancionador

La presente publicación surgió como consecuencia de los reiterados reportes sobre actos violentos denominados comúnmente como justicia por mano propia, los cuales llevaron a las investigadoras a plantear la siguiente problemática: ¿qué factores inciden en el ciudadano para deslegitimar al Estado como ente sancionador, dando lugar al uso de la justicia por mano propia intentando resarcir un daño, independientemente del sistema jurídico estatal? Se acogió la Teoría de la Justicia propuesta por John Rawls como soporte teórico, pues se considera idónea para desarrollar el principio de la Justicia como fin del Estado Social de Derecho, a partir de un sistema amplio de libertades básicas para todos, que ofrece a los asociados igualdad de oportunidades, previendo el principio de diferencia y las desigualdades socioeconómicas, además de resaltar la prioridad de la libertad y de la justicia sobre la eficiencia de la norma. Inicialmente se planteó la hipótesis de que los factores que incidían en la sociedad colombiana para deslegitimar al Estado como ente sancionador eran: i) la ineficacia del sistema legal, ii) el difícil acceso a la administración de justicia, iii) el desconocimiento de los derechos por parte del ciudadano. Estas deficiencias se traducen en la vida cotidiana del ciudadano, como, por ejemplo, en las dificultades que el sistema jurídico le presenta a la persona cuando se dispone a denunciar un hecho del cual fue víctima; circunstancia que, analizada desde una perspectiva sociológica, ocasiona un alto índice de omisión de denuncias La investigación se estructuró en los principios rectores de la teoría de la justicia de Rawls, además de soportarse metodológicamente en la teoría funcionalista de Jakobs y la teoría de los sistemas de Luhmann, quienes integran las categorías del sistema a partir de los fines del Derecho. A su vez, se aborda el análisis de la Constitución Política de Colombia, el Código Penal (Ley 599 de 2000), Jurisprudencia de las Altas Cortes, junto con la doctrina que trata el problema socio-jurídico central. Asimismo, se hace uso de muestras representativas porcentuales, que permiten deducir de manera aproximada la frecuencia de la conducta, los índices de denuncia e impunidad, la aceptación de esta y la percepción social generalizada de desconfianza frente a las instituciones y autoridades encargadas de administrar justicia. Los integrantes de la sociedad colombiana que ejercen, apoyan y legitiman los actos de justicia por mano propia durante el lapso 2011 y 2017 hacen parte del corpus de investigación. Estos se identifican gracias a los datos suministrados por entidades gubernamentales y no gubernamentales especializadas en recolección de información, que cuentan con alta credibilidad en el escenario mundial a través de cuestionarios, entrevistas y encuestas que miden los ítems relacionados. En la actualidad los asociados están cuestionando la legitimidad otorgada por el contrato social al Estado para sancionar los comportamientos que transgreden el bienestar general. Este cuestionamiento se ve reflejado en los actos de justicia por mano propia en los cuales la sociedad asume el papel juzgador, justificando su actuar en la opinión generalizada de ineficacia e ineficiencia estatal. Tal opinión está basada en el incumplimiento por parte del Estado de la función delegada en el contrato social

Position of the constitutional court and of the council of state front retreat uniformed personnel of the national police

Resumen del documento. En el presente artículo se ha realizado un estudio sobre algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado de la facultad discrecional en cabeza del nominador del retiro por llamamiento a calificar servicios aplicables al personal uniformado de la Policía Nacional. Lo anterior teniendo en cuenta que estas Corporaciones atendiendo a su especialidad dentro del ordenamiento jurídico tienen una concepción diferente sobre la forma de interpretar y aplicar dicha atribución, evidenciándose una contradicción en sus pronunciamientos afectando con esta situación la seguridad jurídica y generando confusión en los operadores judiciales.Abstract of document. This article has conducted a study on some pronouncements of the Constitutional Court and the Council of State discretion in nominating the head of retirement services call for rate applicable to uniformed National Police personnel. This considering that these corporations according to their specialty within the legal system have different views on how to interpret and apply this attribution, showing a contradiction in this situation pronouncements affecting legal certainty and creating confusion in judicial operator